La ley de acceso a la información pública cumplirá diez años de existencia, con sus normas cada vez más debilitadas por los gobiernos del FA, que buscaron resguardar “el tradicional secretismo del Estado”.
A casi diez años de la aprobación de la ley 18.831 sobre el derecho de acceso a la información pública, un somero balance de su aplicación revela problemas y limitaciones no previstas por el legislador. El propósito de aquella ley presentada por el entonces presidente Tabaré Vázquez como "un seguro de transparencia" resultó recortado en los hechos en numerosas ocasiones, lo que impone una revisión de sus normas para adaptarlas a la realidad.
La idea de la ley era brindar a los ciudadanos la mayor información posible sobre la marcha del Estado para terminar con "el tradicional secretismo del Estado". Empero, tres gobiernos del Frente Amplio se las ingeniaron para obstaculizar el acceso a ciertas informaciones. El último escollo de una larga lista se erigió no hace mucho cuando un decreto dispuso, en forma genérica, sancionar como "falta muy grave" la filtración de documentos por parte de funcionarios públicos. Hay además casos recientes en donde se impidió, por ejemplo, divulgar datos sobre el gasto anual de las representaciones diplomáticas del país. O la negativa del Correo ante el pedido de periodistas de este diario que querían informar sobre la proporción de cartas escritas por particulares y las de carácter oficial o comercial.
Todo ello contrasta con aquella ley de 2008 que, con gran amplitud, habilitó a cualquier persona interesada en los asuntos públicos a requerir informes de la administración estatal y de los entes públicos. Su articulado estipuló que cuando un organismo o su responsable niegan la información requerida es posible apelar a la justicia para lograr lo solicitado mediante un procedimiento breve y sumario. Se establecieron excepciones a la norma al dotar a los organismos públicos de la posibilidad de declarar reservada la información que, por ejemplo, ponga en riesgo la seguridad pública, la defensa nacional o la estabilidad financiera, lo cual parecía razonable.
Cinco años después de votada la ley, bajo el gobierno de José Mujica, se incluyeron dos artículos en una Rendición de Cuentas que redujeron la transparencia tan mentada por la izquierda. Por un lado se autorizó el bloqueo informativo sobre asuntos que estuvieran en proceso de deliberación "hasta que sea adoptada la resolución respectiva", con lo cual se minó el derecho a conocer —e influir— sobre el contenido de las decisiones en gestación. Por otro lado se determinó que ante un pedido de acceso las dependencias estatales pueden negar la entrega de datos que previamente no se hubieran clasificado como reservados. Es decir que se ampliaron las prerrogativas para colocar un manto de silencio sobre algunos temas en el preciso momento en que alguien pide detalles al respecto. Las manos alzadas del oficialismo votaron en el Parlamento aquel retroceso.
A todo esto se agregaron recortes particulares como los dispuestos por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien resolvió darse la potestad de extraer del dominio público cualquier hecho policial desde operativos contra delincuentes hasta la ubicación de las nuevas seccionales policiales. Lo mismo hizo con los procedimientos disciplinarios e investigaciones administrativas. Estas exclusiones excedieron largamente las autorizadas por la ley de 2008, pero igualmente se ejecutaron a pesar de las quejas de la prensa.
Atento a este estado de cosas, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) denunció que la aplicación de la ley contradice en muchos casos el objetivo de contar con un Estado transparente, abierto a las consultas de la población. Según dicha organización es preciso revisar el régi-men de excepciones, en particular aquellas situaciones en donde cierta información es calificada como reservada o confidencial. Se procura que antes de decidir esa calificación los responsa-bles del servicio demuestren que su divulgación es capaz de generar algún daño a la administración. De lo que se trata, en suma, es de evitar los abusos que se han venido dando a lo largo de la última década y que han debilitado la acción de la ley.
Más allá de las buenas intenciones de los propulsores de estas normas, presentadas en su momento por Vázquez como "un gran avance democrático", su puesta en práctica encontró un camino lleno de dificultades. Cada vez más bajo los gobiernos del Frente Amplio, esta ley se va convirtiendo meramente en un papel escrito y no la garantía elemental de acceso a la información pública requerida por los ciudadanos.
