En julio de 2014 el juez Néstor Valetti procesó sin prisión a Alfredo Silva, integrante del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en representación de los trabajadores, por el delito de Conjunción entre interés público y privado (artículo 161 del Código Penal). Silva aprovechando su cargo en el Directorio del Ente Público presionaba a jerarcas de la administración hospitalaria e intercedía en favor de la asociación civil “Buena Estrella”, una cooperativa de trabajadores de la Salud, que brindaba servicios de limpieza en el hospital Maciel, el Instituto del Cáncer y los centros de salud pública de Pando y Rivera. Junto con Silva fue procesado pero con prisión Heber Tejeira, funcionario de ASSE encargado de la Comisión de Tercerizados de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) por los delitos de conjunción y cohecho (coimas). Asimo fueron procesados sin prisión empresarios que pagaban las coimas a Tejera y cuatro cooperativistas responsables de la cooperativa, encargada de la limpieza del Hospital Maciel por el delito de estafa. Solo en el hospital Maciel se probó la sobrefacturación de “Buena Estrella” por más de US$ 100.000 entre 2010 y 2011.
En total la justicia indago a más de veinte personas, entre ellas a los ex directores del hospital Maciel, el hospital de Rivera, el Centro Auxiliar de Pando y el Instituto Nacional del Cáncer (INCA). La ex administradora del hospital Maciel fue citada a declarar en calidad de testigo y quedó emplazada como indagada. La jerarca fue trasladada por la autoridades de ASSE del hospital Maciel, luego de que se probara a nivel administrativo la sobrefacturación a favor de La Buena Estrella, hacia el INCA, donde la cooperativa también estaba contratada.
El juez Valetti le tomó declaración también a la exsecretaria de Silva, subdirectores, gerentes financieros y administradores de los centros de salud que recibían presiones de dirigentes de la FFSP para sellar los contratos con determinadas empresas o agilizar los pagos. Posteriormente fueron citados a declarar el Directorio de ASSE incluido el ex presidente Mario Córdoba y la Ministra de Salud Pública de la época, Susana Muñiz. (El Observador, 17/7/2014)
En total una investigación que dejó al descubierto una extensa y profunda red de corrupción en la salud pública con importantes repercusiones a nivel político y social. Sin embargo, como veremos, esa red de corrupción sigue intacta a la fecha.
Repercusiones del caso Silva
Los Servicios de Salud del Estado
El cáncer de la corrupción
Por Juan F. Mancebo
El PIT CNT relevó de su cargo como director de ASSE a Alfredo Silva y la Federación de Funcionarios de Salud Pública lo suspendió por cinco años. En diciembre de 2015 el Directorio de ASSE decidió destituirlo por "falta administrativa grave" si bien se lo procesó penalmente.
La salida de Silva dividió al gremio y entre los coletazos que se produjeron, salió a luz en marzo de 2015 una auditoría llevada a cabo por Instituto Cuesta Duarte del PitCnt en la Colonia de Vacaciones del gremio en Punta Ballena donde se detectó documentación "irregular" e "inverificable", faltantes de recibos, gastos excesivos en viajes y préstamos recibidos por varios jerarcas del sindicato por más de 10 millones de pesos. Entre ellos una "salida de caja, con destino a abono de servicio de barométrica por un total de 175.770 pesos" en los seis meses del invierno. Asimismo se señala que Silva, al tiempo que era director de ASSE y ganaba un sueldo mensual de unos $ 100.000, además de contar con beneficios tales como auto con chofer, dos adjuntos y dos asistentes, seguía cobrando "gastos de representación" por parte del sindicato.
Los Servicios de Salud del Estado
La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) creados como servicio descentralizados por la Ley 18.161 de 8 de agosto de 2007 tiene entre otros cometidos administrar y gestionar los servicios de salud que brinda el Estado en todo el territorio nacional. Cuenta con más de 22.000 funcionarios, 12.000 de ellos personal médico (médicos, enfermeras, etc), para cubrir algo más del 1.300.000 usuarios, aproximadamente un 40% de la población del país y un presupuesto para 2016 de 500 millones de pesos y de 850 millones para 2017 lo que representa una cifra cercana al 3% del PBI. En el período 20052014, el gasto público de ASSE creció un 158 %, en tanto se prevén inversiones por 195 millones de dólares en conjunto entre ASSE y el Ministerio de Salud Pública (MSP).
El cáncer de la corrupción
El tema no es nuevo evidentemente, todos hemos visto venta de medicamentos en ferias vecinales, generalmente próximas a centros hospitalarios y titulares en la prensa que dan cuenta del tema. Así por ejemplo: “Seis procesados por venta de medicamentos en ferias vecinales... se comprobó que gran parte de los medicamentos que circulan fueron sustraídos por funcionarios de Salud Pública” (El País, 25/11/2013). Asimismo: “ El Servicio de Inspección General de la Intendencia de Montevideo incautó "miles de medicamentos que se estaban comercializando en forma ilegal", algunos de ellos con el sello de ASSE” (180.com, 7/8/2014). Hay que tener presente que además del hurto de sí mismo, son medicamentos que no reciben los pacientes de Salud Pública. La venta ilegal de medicamentos conlleva además riesgo de adulteraciones, medicamento vencidos o inapropiados.
Los problemas no se limitan a los medicamentos, hay evidentes problemas de mala gestión y falta de control, por ejemplo: “ASSE echó a decenas de funcionarios porque marcaban tarjeta y se iban” (El País, 2/12/2013). Se detectaron maniobras en la compra de ambulancias "de la marca Hyundai que habían sido adquiridas al Grupo Fiancar por US$ 19.800 cada una. Entre los hospitales que recibieron estos vehículos se encuentran los de Mercedes, Durazno, Tupambaé (Cerro Largo), Minas y Batlle y Ordóñez (Lavalleja)” (El Observador, 27/7/2014). La maniobra consistía en la colocación de asientos usados en ambulancias nuevas a efectos de colocarlos en ambulancias usadas obteniendo así un mejor precio en la reventa.
Una auditoría encargada por el Directorio de ASSE en 2013 pone en evidencia la desidia, el desorden y la falta de control en la gestión que realiza el ente. Se detecta sobrecostos de 140%, pagos sin verificar los avances en las obras y proyectos de mantenimiento que no estaban inscriptos en el BPS, obras cuya ejecución no estaban previstas con rendiciones de cuenta sin registros contables que respalden los gastos. Entre otras irregularidades, se determinó que los supervisores no controlaban al personal de las obras, la División Arquitectura no pedía la planilla de trabajo ni tampoco si estaban en la nómina del BPS. Además el control de los aportes a la seguridad social se hacía después de haberlos pagado y en algunos casos se detectó pagos excedentes. La auditoría concluye que “las debilidades de control interno detectadas en su organización y funcionamiento, impactan en la eficacia y eficiencia de su gestión administrativa, financiera y contable”. (Subrayado, 13/1/2016)
Algunos médicos no están exentos de incurrir en este tipo de prácticas corruptas, al punto que muchos hablan de una “mafia médica” o “mafia blanca”. Recientemente el médico Homero Bagnulo lanzó serias acusaciones: “Mafia médica: la mitad de los medicamentos son inocuos” (El Observador, 12/12/2015). Médicos que atienden pacientes particulares en los turnos de trabajo en Salud Pública, que trabajan por sueldos miserables, justo es decirlo. Que recetan medicamentos por compromiso con ciertos laboratorios y no porque sea lo mejor para el paciente, que venden servicios particulares a los mismos lugares donde trabajan como asesores técnicos o son jerarcas.
En fin, la lista es inacabable y lo que deja en claro en un gran descontrol y una cultura organizacional que tolera y convive con la corrupción. El resultado es un servicio de salud, caro, ineficiente, insuficiente que beneficia al corrupto y castiga al honesto y responsable. En resumen un verdadero cáncer para las finanzas del Estado y la salud de los más necesitados. El país entero debería encarar este tema con firmeza de una vez por todas con administradores capaces, bien remunerados, con métodos de gestión modernos y eficaces y sobre todo con apoyo de las máximas autoridades de la Salud, del sistema político y de la población toda.
Por Juan F. Mancebo
