A estas alturas, todos saben que restablecer la confianza en las instituciones está en el centro de la agenda política de los gobiernos de América Latina. Más del 80% de los ciudadanos de la región cree que sus funcionarios electos son corruptos. A medida que la población de la región se vuelve cada vez más urbanizada, más conectada y más de clase media, el nivel de tolerancia hacia los “viejos métodos” de hacer política y negocios va desapareciendo.Lo que quizá no todo el mundo sepa es que, en medio de este clamor popular, los gobiernos de la región están adoptando medidas concretas. Este año la Cumbre de las Américas asumió el Compromiso de Lima, que consiste en 57 medidas específicas para disminuir la corrupción, fortalecer la gobernanza democrática y consolidar el Estado de Derecho en nuestra región. Al mismo tiempo, los principales actores del sector privado de la región se reunieron en la Tercera Cumbre Empresarial de las Américas y formularon una Acción para el crecimiento con el fin de fortalecer las asociaciones público-privadas en materia de transparencia e integridad.
Sobornos administrativos: la corrupción silenciosa
Si bien los denominados “grandes escándalos de corrupción” ocupan la mayoría de los titulares, la burocracia en el sector público es un problema silencioso pero de grandes implicaciones. Los procedimientos engorrosos crean un espacio discrecional para que algunos funcionarios públicos sin escrúpulos acepten sobornos a cambio de acelerar procesos administrativos rutinarios. Según Transparencia Internacional, casi un tercio de los latinoamericanos que utilizaron algún servicio público básico en 2017 –escuelas, hospitales, documentos de identidad, servicios públicos, policía y tribunales– pagó sobornos administrativos para completar la transacción.
“En 2017, un tercio de los latinoamericanos pagaron un soborno para poder acceder a un servicio público básico como la salud o el documento de identidad”
Los costos de la burocracia son particularmente gravosos en una región que ha sido testigo de una desaceleración económica y actualmente se encuentra sometida a la presión fiscal. La burocracia dificulta los trámites a los propietarios de negocios para registrar sus empresas, obtener permisos de construcción y pagar impuestos. Según el Foro Económico Mundial, junto con la corrupción, la burocracia es el mayor problema para los empresarios cuando se trata de hacer negocios. en este contexto, los sobornos administrativos aparecen como un mal remedio.
Las causas del laberinto burocrático
Los sobornos administrativos para acelerar los procedimientos constituyen un impuesto oculto especialmente dañino para los pobres. Por ejemplo, en México, mientras que en 2010 los hogares con un ingreso promedio gastaban el 14% en sobornos administrativos, la cifra ascendía a un 33% para los hogares con un ingreso mínimo, según Transparencia Mexicana.
Para analizar las causas del laberinto burocrático, el Banco Interamericano de Desarrollo llevó a cabo una encuesta en 18 países de América Latina. Su reciente informe sobre los trámites burocráticos identifica tres grandes causas:
Los trámites burocráticos han proliferado a un ritmo asombroso. Hay un gran número de procedimientos administrativos para los servicios transaccionales: 4.535 en Perú, 3.757 en Chile, 2.708 en México y 2.545 en Colombia. En promedio, un ciudadano típico de América Latina lleva a cabo cinco servicios transaccionales al año y dedica un promedio de 5,4 horas a cada uno. Sin embargo, hay diferencias importantes entre los países, en términos del tiempo promedio destinado a cada procedimiento: 11,3 horas en Bolivia; 8,6 en Perú; 7,4 en Colombia; 6,9 en México y 2,2 en Chile.
Los procedimientos burocráticos son demasiado complejos. La mayoría de los procedimientos requiere más de una interacción con el organismo público responsable. De hecho, la complejidad regulatoria en la región tiene una puntuación de 3,5 en una escala de 0 a 5, en comparación con un 1,9 en los países de la OCDE. Tan solo hay un puñado de procedimientos a los que se puede tener acceso y realizar en línea.
Cumplir con los procedimientos burocráticos es caro. Por ejemplo, a las pequeñas empresas cumplir con las obligaciones tributarias les cuesta el 7,6% de los ingresos de sus ventas. El costo para los ciudadanos es incluso mayor como porcentaje del ingreso. En México los gobiernos estatal y federal llevan a cabo 400 millones de procedimientos administrativos y gastan un promedio de US$9 por trámite, lo que equivale a un total de US$3600 millones. Si estos procedimientos se pudieran llevar adelante en línea, el costo disminuiría en un 95%, lo que ahorraría el equivalente al 25% del presupuesto federal para educación.
¿Cómo salir? Desregulación y digitalización
Con cifras que hablan tan elocuentemente de la relación entre burocracia y corrupción, no es de extrañar que la desregulación y la transformación digital hayan vuelto a la agenda política de la región. Hay tres corrientes de la reforma que son particularmente cruciales: digitalización, simplificación e innovación.
Digitalización: El primer paso para reducir la burocracia estatal es poner fin a los trámites y los procesos manuales. Numerosos países están promoviendo el gobierno electrónico a través de portales de servicios informáticos integrados como México, Chile, Uruguay y, más recientemente, Perú. Con su iniciativa Un Chile sin papeleos, Chile se ha comprometido a ofrecer los procedimientos administrativos a través de telefonía celular para 2025. Desde 2007 Uruguay cuenta con un organismo regulatorio para impulsar la transformación digital y desde este año forma parte de Digital 7, un grupo selecto de países avanzados en materia de gobierno digital.
Simplificación: Digitalizar el sector público no es suficiente; también hay que simplificarlo. A finales de 2016, Perú aprobó un “paquete de simplificación administrativa”. El mismo año, Brasil adoptó una estrategia de gobierno electrónico que afinó en 2018 como parte de una estrategia para digitalizar el país. Argentina creó el Ministerio de Modernización y desde finales de 2017 ha adoptado un ambicioso plan para modernizar la burocracia, que incluye la introducción de la identidad digital, las notificaciones oficiales electrónicas, el principio de silencio administrativo, la plataforma “Mi Argentina” y una ventanilla única para el comercio exterior. Se espera que estas medidas generen ahorros equivalentes al 1% del PIB.
Innovación: Varios países de la región están recurriendo a innovaciones tecnológicas como la minería de datos y la analítica avanzada para rediseñar procedimientos administrativos. En 2013 Ecuador lanzó la iniciativa tramiton.to, que recibió más de 6.000 reclamos ciudadanos y condujo a la simplificación de 44 procedimientos. En Perú, la iniciativa www.dimetutraba.pe del Ministerio de Producción contribuyó a identificar 1.124 barreras burocráticas para las empresas privadas. Numerosas administraciones nacionales y municipales también están creando laboratorios de innovación que utilizan inteligencia abierta y de macrodatos (big data) para mejorar los servicios públicos.
En América Latina el desmantelamiento del laberinto burocrático es una tarea urgente para mejorar la competitividad económica y, lo que es aún más importante, reestablecer la confianza en las instituciones. Los sobornos administrativos pueden ser una forma silenciosa de corrupción, pero paradójicamente es de lo que habla todo el mundo.
fuente: https://blogs.iadb.org/gobernarte/2018/09/24/sobornos-administrativos-la-otra-cara-de-la-burocracia-enrevesada/
