Noticias y comentarios sobre la actualidad social y política uruguaya
Amigos, está llegando al final este año y no es momento de reflexiones críticas. 
El Estado uruguayo, que la Constitución en su artículo primero define como "la asociación política de todos los habitantes dentro de su territorio" (1) se organiza conforme a la Teoría del Poder (2) en tres poderes independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial con la finalidad de distribuir y equilibrar el ejercicio del poder político. Cuenta además con tres órganos de contralor, técnicamente independientes: Tribunal de Cuentas de la República (TCR), Corte Electoral (CE) y Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) con la finalidad de evitar abusos de poder. (4)
2) Veamos otro caso de desacato ahora referido al Banco Central del Uruguay (BCU), puntualmente en asuntos de contratación de funcionarios. (7) Resumidamente, una escribana hija del gerente de la Asesoría Letrada del organismo accede a un cargo "violando el principio de imparcialidad" en desmedro de otros concursantes, así lo entiende el TCA en su fallo. Asimismo un Ingeniera de Sistemas accede a otro cargo desplazando a un concursante a quién no se le evalúan correctamente sus méritos. El TCA consideró que hubo un "error influyente en el proceso evaluativo" y anula todo el procedimiento del concurso. No obstante el BCU ignora ambos fallos. Debo señalar que para que un funcionario cumpla todas las etapas del reclamo en un proceso administrativo y posteriormente recurra ante el TCA, con todo el tiempo y el desgaste personal que eso significa, es porque considera que la violación de sus derechos ha sido flagrante. En los casos en los que el órgano competente, en este caso el TCA, falla a su favor y la Administración ignora el fallo, burlándose del Estado de Derecho, se afecta gravemente, en forma individual y también colectiva, de todos quienes conocen la situación, la calidad institucional del país y en definitiva de la democracia. Después nos sorprendemos cuando las encuestas así lo señalan.
1) Una psicóloga, funcionaria de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que trabajaba en la Unidad de Desarrollo Integral (UDI) de ese organismo denunció a un grupo de profesionales por firmar asistencia y retirarse a atender asuntos particulares en forma sistemática, además de perseguirla laboralmente. El asunto tomo notoriedad pública a partir de informaciones de prensa y la respuesta de las autoridades de la ANEP a las denuncias fue sumariar a la funcionaria denunciante. (6) Como resultado de las investigaciones de urgencia realizadas por las autoridades, el psiquiatra Héctor Martín, entonces director de la UDI, y las
psicólogas Gabriela Campos y Beatriz Muiño fueron sumariados y separados
del cargo con retención de haberes. Sin embargo pese a que el instructor del sumario encontró mérito para la destitución de los denunciados, estos fueron reintegrados a sus funciones. Entretanto la psicóloga denunciante fue sancionada con separación del cargo y retención
de medio sueldo. El motivo aducido para la sanción, o la excusa utilizada más bien para encubrir la arbitrariedad, fue que la denuncia generó "escándalo público" y no se siguió el procedimiento para efectuar la denuncia, "actuando en forma absolutamente desleal a la Administración". Finalmente la psicóloga renunció a su cargo. Así actúa en ocasiones, el Estado en este país.
El conocido refrán "No muere infiel quién tiene padrino" refleja la creencia popular que por estas latitudes José Hernandez inmortalizara en el "Martín Fierro" con el verso: "Hacete amigo del juez, no le des de que quejarse, que siempre es bueno tener, palenque de ande rascarse." (1) Esta creencia expresa que es provechoso tener vinculaciones con los poderosos ya que algún favor nos han de poder hacer llegado el caso. Naturalmente presupone la tolerancia hacia el amiguismo y no se la considera una práctica corrupta que es deseable erradicar de la sociedad. Asimismo desdeña la meritocracia, esto es la obtención de empleos, ascensos, oportunidades y favores basados en los méritos propios. La Real Academia Española la define como: "Tendencia y práctica de favorecer a los amigos en perjuicio del mejor derecho de terceras personas." (2) Se percibe como una predisposición natural en nuestra sociedad que frente a un trámite engorroso o una necesidad urgente de resolver una situación ante un servicio público, se acuda a los "amigos". A quién conozco en tal o cual oficina a efectos de solucionar el problema, mediante un atajo en los trámites facilitado por el popular "amiguismo", es una pregunta que muchos se formulan sin siquiera pensar es si es correcto hacerlo. Justo es decir que muchos de esos trámites, la más de las veces plagados de burocracia, trabas y demoras basadas más en la ineficiencia que en los requerimientos de los procedimientos administrativos necesarios para cumplirlo, explican aunque no justifican, esta actitud. Es decir, amiguismo e ineficiencia son dos caras de una misma moneda y se retroalimentan mutuamente. Para muestra basta un botón dice el refrán. Ha tratado, amigo lector, de resolver algún trámite basado en la información que le proporciona la web de la Dirección General Impositiva (DGI)? (3) La verdad yo lo he hecho más de una vez y siempre me ha parecido que está pensada más para contadores o gestores de trámites que para el ciudadano en general, no vaya a ser que se le ocurra solucionar sus trámites por si mismo, sin acudir a un intermediario experto. Porque en verdad el amiguismo y la burocracia siempre llaman a un tercer vicio social que es el clientelismo. La RAE lo define como: "sistema de protección y amparo con que los poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y de sus servicios." (4) Es decir, el burócrata hace favores, pero también necesita asegurarse determinados beneficios de los favorecidos, favores que no siempre son económicos. Estas son desgraciadamente prácticas tan comunes que la mayoría de las veces pasan desapercibidas y constituye lo que los expertos denominan "corrupción gris", es decir un conjunto de prácticas penalizadas, pero tan generalizadas que es más fácil percibir que probar. Amiguismo y clientelismo son formas de corrupción. Nuestra normativa la define como "... el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado" (5). 
Esta noticia es muy similar a otra, publicada a comienzos de este año titulada: "Fiscal advirtió posibles delitos en viajes de director de Casinos" (3) En esa oportunidad quién viajaba era el Director de Casinos, una entidad estatal reguladora del juego de azar. El jerarca viajó a la feria del juego en Las Vegas invitado por un empresario que suministra slots a los Casinos del Estado, mismo que debe controlar el jerarca. El propio jerarca en su descargo declaraba "Acá no hay ningún misterio. Es verdad que fui a Las Vegas invitado por una empresa, pero nadie se sorprendió. Todo es transparente. El presidente (Tabaré) Vázquez y el ministro (Danilo) Astori estaban al tanto de mi viaje porque yo fui en misión oficial. Hay un expediente, que es público, en el que consta la carta invitación de la empresa y que corre con los gastos de hotel y pasaje". Como se ha dicho, a nadie le sorprende, ni siquiera al Presidente de la República, pese a estar expresamente prohibido por la normativa vigente como veremos más adelante. La advertencia de un fiscal que tales hechos podían configurar delito quedó en solo eso, en una declaración sin consecuencias, pues se desestimo la investigación judicial de los hechos. No hay consecuencias penales para estas conductas, tampoco hay censura moral por parte de la sociedad o esta es muy minoritaria.
